Aunque la votación del proyecto de ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia Cibernética (CISPA, según sus siglas en inglés) estaba prevista para el viernes, finalmente ha sido ratificado un día antes tras la aprobación de una serie de enmiendas.
Anteriormente el Gobierno de Obama ha amenazado con vetar un proyecto diseñado para defender las industrias críticas de Estados Unidos y las redes corporativas de los ataques cibernéticos por parte de gobiernos extranjeros, delincuentes cibernéticos y grupos terroristas, esgrimiendo que la medida no protege las libertades civiles.
La CISPA permitirá tanto a compañías privadas como al gobierno federal acceder a conversaciones personales realizadas a través de Internet y escuchar de forma subrepticia a los estadounidenses de costa a costa con el pretexto de la seguridad cibernética.
La CISPA fue llevada a la Cámara de Representantes el 30 de noviembre de 2011 por Mike Rogers (R-MI), así como por 111 co-patrocinadores.
La ley va destinada a crear procedimientos que permitan “a elementos de la comunidad de inteligencia” la posibilidad de “compartir información de inteligencia sobre amenazas cibernéticas con entidades del sector privado y fomentar el intercambio de inteligencia de esta índole” o “con cualquier otra entidad designada por la entidad protegida, incluyendo [...] el Gobierno Federal”.
A juicio de los usuarios de Internet las definiciones innecesariamente amplias son el factor que convierta la CISPA en un fenómeno controvertido.
Según algunos expertos, el proyecto de ley permite al gobierno eludir las leyes de privacidad en Internet y obtener información sobre las actividades de los usuarios de empresas privadas, ya sea de proveedores, empresas o de redes sociales y, en general, de cualquier entidad involucrada en Internet.
“[La CISPA] realmente no supone ninguna protección contra las amenazas cibernéticas, y todo lo que hace es obligar a la gente a compartir su información. Pero eso no va a resolver el problema. Lo que va a resolver el problema son las medidas reales de seguridad, que protejan al servicio en primer lugar, y no que se espíe a la gente”, comentó el activista de Internet Aaron Swartz en declaraciones a RT.
La legislación se ha topado con una firme oposición ciudadana en EE.UU. No en vano, la campaña “Detengan el ciberespionaje” (“Stop Cyber Spying”) recabó más de 800.000 firmas.
Actualmente el sonado proyecto de ley CISPA goza de un fuerte apoyo entre un centenar de congresistas y al menos 28 empresas como Microsoft, Verizon, AT & T, Facebook e Intel. Curiosamente, muchas de estas empresas a principios de este año condenaron el desarrollo del proyecto SOPA (Stop Online Piracy Act), o ley para detener la piratería en Internet. Según este proyecto, terceras partes podrán bloquear los sitios web sospechosos de la publicación de contenido sin licencia sin necesidad de una sentencia judicial.
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